Cooperación

Defensa de los derechos humanos de las comunidades amazónicas afectadas por los derrames de petróleo del Oleoducto Transecuatoriano

El 7 de abril de 2020 ocurrió un derrame de crudo en el sector de San Rafael, en el límite de tres provincias de Ecuador: Napo, Orellana y Sucumbíos. Al menos 14.000 barriles fueron vertidos sobre los ríos Coca y Napo, constituyendo uno de los mayores desastres socioambientales en la Amazonía ecuatoriana en los últimos 15 años. La causa fue la ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el Oleoducto de Crudos pesados (OCP), y del poliducto Shushufindi – Quito. Esta ruptura se debió a una erosión que se venía produciendo en el cauce del río Coca, la cual provocó un hundimiento y derrumbe de tierra de unos 70 metros. Las aguas contaminadas de petróleo llegaron incluso a Cabo Pantoja, en Perú.

En un recorrido realizado por Cáritas y por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) el 22 de abril a las comunidades de Playas del río Coca, San Francisco, Shiwakucha y Panduyacu, se verificó la contaminación del río Coca observándose restos de petróleo en las orillas y playas y agravado por la presencia de cadáveres de peces y otros animales. Se alertó también sobre el desabastecimiento de productos básicos ya que las comunidades argumentaron que no han recibido ayuda por parte de las compañías petroleras ni del Estado

Consecuencias Ambientales del derrame

Destrucción del Ecosistema:

  • Muerte de plantas y algas.
  • Muerte de animales.
  • Intoxicación de animales y contagios por cadena alimenticia.
  • Restos de crudo en las playas y riberas.
  • Toxicidad del suelo y vegetación bañadas por el río.

Consecuencias Personales

del derrame

Destrucción de la forma de vida de 109 comunidades indígenas:

  • Sin acceso a agua potable.
  • Sin acceso a agua para riego de cultivos y abastecimiento de sus animales.
  • Sin acceso a agua para realizar una correcta higiene (COVID19).
  • Cultivos contaminados.
  • Enfermedades de la piel, respiratorias, digestivas, cáncer, etc.

Consecuencias en Derechos Humanos

del derrame

Vulneración de los DDHH de 109 comunidades indígenas:

  • Vulneración del Derecho al agua.
  • Vulneración del Derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos.
  • Vulneración del Derecho a la salud.
  • Vulneración del Derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
  • Vulneración del Derecho a la información.

Destrucción del Ecosistema:

  • Muerte de plantas y algas.
  • Muerte de animales.
  • Intoxicación de animales y contagios por cadena alimenticia.
  • Restos de crudo en las playas y riberas.
  • Toxicidad del suelo y vegetación bañadas por el río.

Destrucción de la forma de vida de 109 comunidades indígenas:

  • Sin acceso a agua potable.
  • Sin acceso a agua para riego de cultivos y abastecimiento de sus animales.
  • Sin acceso a agua para realizar una correcta higiene (COVID19).
  • Cultivos contaminados.
  • Enfermedades de la piel, respiratorias, digestivas, cáncer, etc.

Vulneración de los DDHH de 109 comunidades indígenas:

  • Vulneración del Derecho al agua.
  • Vulneración del Derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos.
  • Vulneración del Derecho a la salud.
  • Vulneración del Derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
  • Vulneración del Derecho a la información.

Objetivos del proyecto

Diagnóstico de la situación:

Reconocer los impactos de los derrames petroleros en la salud física y psicológica de las personas de las distintas comunidades:

  • Diagnósticos de salud física y psicológica.
  • Entrega de kits de higiene y medicinas.
  • Entrega de guías  de cuidado físico y psicológico frente a emergencias.
Restauración Ecológica:

Cuidar y restaurar la Casa Común:

  • Implantación de huertos familiares (chakra).

  • Adquisición de semillas.

  • Garantizar la seguridad alimentaria (2.414 kcal).

  • Aplicar buenas prácticas nutricionales (dietas).

Incidencia:

Conseguir que las comunidades puedan empoderarse de sus derechos, para así ponerlos en práctica y exigirlos a las autoridades competentes.

  • Dos demandas judiciales en curso.

  • Una abogada contratada.

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