Cáritas y FOESSA advierten que la exclusión social persiste afectando a uno de cada cinco extremeños
- El 22% de los extremeños se ven afectados por problemas relacionados con la vivienda.
- El empleo aumenta en Extremadura, aunque sigue teniendo una de las tasas de desempleo más elevadas de todo el país.
- El 14,4% de la población extremeña dice tener mala o muy mala salud mental.
- Tres de cada diez menores en Extremadura se encuentran en una situación de exclusión social.
Mérida, 20 de febrero de 2026 – Cáritas Regional de Extremadura y la Fundación FOESSA han presentado en el día de hoy el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Extremadura, a través de una rueda de prensa en la que han participado Mons. José Rodríguez Carballo, arzobispo de Mérida-Badajoz; José Luis Espinosa, director de Cáritas Regional de Extremadura; y Marina Sánchez-Sierra, miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA y del equipo de Estudios de Cáritas Española.
El informe describe un proceso de fragmentación social, con una clase media en retroceso y el desplazamiento de muchas familias hacia estratos inferiores, provocando un mayor aumento de las tasas de desigualdad. Tras dos décadas de crisis se consolidan brechas vinculadas al acceso a derechos básicos. Concretamente, en la región de Extremadura, la vivienda y el empleo son problemas claves, y que además se retroalimentan: la vivienda expulsa del territorio y de una vida digna, a la vez que el empleo ha perdido su capacidad para rescatar de esa expulsión, llevando a alrededor de 200.000 personas a una situación de exclusión social.
En la apertura del acto, el arzobispo ha recordado el sentido de este trabajo desde la acción sociocaritativa: «La iglesia entiende que comprender la realidad es una dimensión básica de la Caridad», subrayando que los estudios de FOESSA son investigaciones rigurosas y, a la vez, “amasadas” desde el acompañamiento a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Por su parte, el director de Cáritas Regional de Extremadura resaltó que el informe es una herramienta para orientar la acción social y la responsabilidad compartida, señalando que «estamos construyendo una sociedad desigual en la que la exclusión social se consolida como elemento estructural», con «graves brechas sociales» en las que «la vivienda o el empleo» aparecen como ejes articuladores de los procesos de exclusión.
La vivienda: núcleo de la desigualdad y la exclusión
Durante su intervención, Marina Sánchez-Sierra subrayó que «la vivienda es la dimensión de exclusión más extendida, afectando a casi una de cada cuatro personas (22%)». Además, una de cada diez, convive con inseguridad residencial (tenencia en precario, posibilidad de que les echen de la misma, violencia en el hogar) o problemas de habitabilidad, dato que no ha mejorado en los últimos seis años.
Entre 2018 y 2024, el precio de compra de la vivienda aumentó un 20% en Extremadura. Este encarecimiento tiene un impacto directo, ya que 34.000 hogares destinan tantos recursos al pago de la vivienda y suministros que, una vez abonados, quedan por debajo del umbral de la pobreza severa. Por eso, «la vivienda se ha convertido en el epicentro de la desigualdad y exclusión», exponía Sánchez-Sierra.
Además, se advierte de que la presión es doble en el alquiler, donde el 37% de las personas en Extremadura que viven en este régimen se encuentran en riesgo de pobreza, lo que provoca una fuente creciente de inseguridad vital.
El empleo se recupera, pero el bolsillo no lo nota
El empleo ha mejorado, aunque Extremadura sigue teniendo una de las tasas de desempleo más elevadas del país. En los últimos seis años, el número de personas ocupadas aumentó y unida a la reducción notable de la temporalidad, ambas tendencias han actuado como elementos integradores para una parte de la población.
No obstante, esta mejora en la ocupación no se traduce en una mejora en las condiciones de vida. «Se trabaja más, pero trabajar ya no garantiza salir de la rueda de la exclusión», apuntó Marina. En este sentido, el informe recoge que el 17% de los hogares de la región, se ven afectados por problemas de exclusión en el empleo (inestabilidad laboral grave, parcialidad involuntaria, desempleo).
A esto hay que sumarle, además, elementos de preocupación estructural ya que Extremadura es la segunda comunidad autónoma con mayor paro femenino y el sector primario ha perdido 12.800 trabajadores en los últimos seis años.
La salud: brecha que refleja la desigualdad social
El informe advierte que el 17% de la población en Extremadura, más de 184.000 personas, se ve afectada por problemas vinculados con la dimensión de la salud, y las dificultades económicas son la principal causa: más del 10% de los hogares tienen dificultades para acceder a los servicios y productos sanitarios que necesitan, viéndose obligados a dejar tratamientos o dietas por no poder asumir los costes.
Este contexto tiene un claro impacto en el bienestar de las personas. La salud mental preocupa en Extremadura tanto que muestra una desigualdad especialmente marcada. El 14,4% declara tener mala o muy mala salud mental, y la prevalencia de trastornos mentales asciende al 15% entre la población en exclusión severa, frente al 2% entre quienes están plenamente integrados.
El informe, además, recoge también otras expresiones de esa brecha como que desde 2018 se ha triplicado el número de hogares en los que alguien pasa hambre. «La salud se ha convertido en uno de los espejos más claros de la desigualdad social en Extremadura», exponía Sánchez-Sierra.
Brecha generacional
Desde el informe también se advierte que la exclusión golpea con fuerza a los menores, ya que la tasa de exclusión en menores de 18 años (30%) triplica la de las personas mayores de 65 años (9%), y sube al 34% en hogares con dos o más menores, frente al 15% de los hogares formados solo por adultos.
Igualmente, el informe alerta de que la transición a la vida adulta está marcada por la inestabilidad laboral y un acceso a la vivienda cada vez más restringido, lo que provoca emancipaciones tardías o inviables y proyectos vitales aplazados. «Esto se convierte en una transición bloqueada, lo que convierte la juventud en una etapa prolongada de vulnerabilidad social».
«En último término, el informe nos interpela a tomar una decisión como sociedad. Podemos mantenernos en la senda actual, caracterizada por el individualismo, el aumento de las brechas sociales y la falta de sostenibilidad, un camino que alimenta la incertidumbre y el temor colectivo. O podemos optar por impulsar un rumbo distinto, compartido y valiente, que nos permita imaginar y construir una sociedad asentada en el cuidado mutuo, la equidad y la responsabilidad común. Para FOESSA y Cáritas, este segundo horizonte no solo es deseable, sino absolutamente necesario», señaló Marina Sánchez-Sierra.
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) fue creada por Cáritas Española en 1965 con el objetivo de servir a la sociedad a través de la realización de estudios de investigación sobre la realidad social, cultural y económica de España.
Este IX Informe es el resultado del trabajo de casi 500 personas: un equipo de 180 investigadores de 51 universidades, centros de investigación y entidades sociales, junto a más de 300 profesionales que realizaron las encuestas. En Extremadura, se ha entrevistado a una muestra representativa, dedicando más de una hora en cada hogar a conocer de cerca sus condiciones de vida y sus dificultades cotidianas.
